Una Comisario de la Policía Federal Argentina declaró ante tres jueces correntinos que durante el Gobierno de Mauricio Macri le ordenaron realizar escuchas telefónicas a dirigentes políticos de Corrientes, pero sin autorizaciones judiciales.
Los abogados que representan a la ex intendenta de Perugurría, Angelina Lisieux, solicitaron copias del expediente de la causa en la que condenaron a la dirigente peronista a ocho años de cárcel por supuestos delitos contra el patrimonio público, en una causa tramitada en el fueron provincial.
El objetivo es remitir las actuaciones al fuero federal para que se investigue posibles maniobras de espionaje ilegal para el armado de causa judiciales a los adversarios políticos del macrismo entre 2015 y 2017.
Lo que sostienen los letrados, a partir de los elementos reunidos en el juicio, que los hechos ocurridos en la provincia de Corrientes, tendrían conexidad con el expediente que se desarrolla en el Juzgado Federal 1 de la ciudad bonaerense de Dolores, en una causa donde están involucrados los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y el periodista Luis Majul.
La hipótesis se basa en la declaración de una funcionaria de la Policía Federal Argentina quien afirmó -bajo juramento- que esa fuerza de seguridad realizó escuchas ilegales a las personas imputadas en la causa de la ciudad correntina de Perugorría.
En su declaración ante el Tribunal Oral Penal de Mercedes (Corrientes) , Mirta Noemí Nievas, Jefa de la División Anticorrupción de la Policía Federal Argentina, sostuvo: ”Si, trabajamos con escuchas telefónicas. Hicimos una minuciosa intervención telefónica de los involucrados y sus allegados”.
Estas acciones se realizaron antes que los hechos sean expuestos ante la Justicia y se efectuó por orden de funcionarios guberamentales.
Además, Nievas sostuvo que el equipo de la PFA que elaboró el informe estaba integrado por policías contadores y personal policial de seguridad y personal de inteligencia que habría realizado las escuchas telefónicas.
Reconoció también que desde la Justicia le había confiado exclusivamente ”la confección de una pericia contable”, pero que habían avanzado más allá al registrar conversaciones telefónicas.
Las declaraciones serían suficientes para activar una causa en el fuero federal por el incumplimiento de la Ley Nacional de inteligencia.
Según el abogado Jorge Montti, quien representa a la defensa de Angelina Lisieux, la investigación inició en marzo de 2016 en la Fiscalía de Instrucción de Curuzú Cuatiá a partir de una información recibida en vía correo electrónico desde en la Oficina Anticorrupción entonces conducida por Laura Alonso. En forma simultánea esta “carpeta armada” habría sido enviada en marzo de 2016 a la producción del programa televisivo ”La Cornisa“, conducida por Luis Majul.
Luego de recibir esta información, los productores de Majul se contactaron con una edil de la localidad de Perugorría que ofició de “denunciante” y fue así que el 14 de agosto de 2016 se difundió el material audiovisual.
Se trata de un informe sobre supuestos actos de corrupción en Perugorría.
Lo que denuncian los abogados de Lisieux es que Luis Majul, ”como es público y notorio y consta en la causa, tuvo importante participación en el armado de la causa que nos ocupa, en complicidad con dirigentes políticos y la funcionaria Laura Alonso“.
Es por ello que denuncian la utilización de herramientas y personal de la Policía Federal Argentina para “armar” una causa que no fue analizada por los funcionarios de la Justicia provincial. “Así como recibieron la carpeta, la elevaron a juicio. Ni la leyeron, no tenían idea de lo que decía el expediente”, aseguró la defensa de la ex intendente.
La condena dio lugar a una serie de planteos defensivos que derivaron en una denuncia por posible violación a la Ley de Inteligencia que fue presentada ante el Juzgado Federal de Paso de los Libres, cuyo titular es el juez cercano a Cambiemos, el cuestionado Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda.
Este magistrado desatendió la presentación. Es por ello que ahora se accionará en el Juzgado de Dolores, a cargo del magistrado Alejo Ramos Padilla.
