El segundo jefe de la investigación que derivó en la megacausa en la que fueron detenidos civiles y numerarios de las fuerzas de seguridad, comerciantes, funcionarios y hasta docentes, volvió a declarar este 25 de noviembre ante el Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El testigo Mario Ríos hizo mención en al menos cuatro oportunidades a la protección política que tenían los sospechosos de integrar una intrincada red criminal que distribuía marihuana en siete provincias y movía millones de pesos de ese negocio ilegal.
En su declaración el efectivo de la Gendarmería Nacional Argentina dio a conocer hechos de gravedad que la Procuración de la Narcocriminalidad no quiso, no pudo o no supo investigar entre 2014 y 2017 y que constan en el expediente 3002/2017 que fue tramitado en el Juzgado Federal 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los datos que obtuvo Ríos llevaron a que se realice el mediático Operativo Sapucay en tierras correntinas, acción en la que detuvieron a 36 sospechosos de mover cantidades industriales de estupefacientes.
Ese 14 de marzo el Ministerio de Seguridad de la Nación había autorizado a movilizar 800 gendarmes en cuatro provincias, a los que se sumaron más de 600 efectivos de policías provinciales e instituciones de seguridad federal.
Para obtener información había llegado a Itatí, primero tras los pasos de una banda narco porteña que viajaba a Corrientes para abastecerse de marihuana.
En esas circunstancias detectó a los “mayoristas” y para identificarlos se instaló en el pueblito religioso, ubicado a 80 kilómetros de la Capital correntina.
Instaló una carpa en un camping y simulaba ser un pescador, un turista para así poder hablar con las personas.
“Los que cuidaban el camping eran parientes de Morenita Marín y como ellos se burlaban de mi yeísmo, yo los hacía hablar y me contaban cosas”, contó en su declaración el investigador al hacer referencia a Federico Sebastián Marín, un supuesto líder narco que acordó una pena de 12 años en un juicio abreviado.
Durante su exposición de 5 horas ente los jueces Andrés Basso, Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos también relató detalles de los vínculos políticos que, según su apreciación, tenían los narcotraficantes.
Así, primero habló del rol que cumplió el comisario del puebloactualmente en juicio. “Tengo mucho para contar de Ocampo Alvarenga”, advirtió.
Expuso el modo en que el jefe de la Unidad policial supuestamente les cobraba $6.000 a los integrantes de las organizaciones para encubrirlos y darles protección.
“Cuando había tiroteos lo llamaban y el movilizaba patrulleros”, contó Ríos.
Ahondó en detalles al contar que el mismo oficial de la fuerza de seguridad provincial tenía un amorío con una concejal de la localidad, Miriam Maciel, una referente territorial de Cambiemos “su contacto político”, sostuvo.
En esas circunstancias recordó que por esos días hubo un crimen. El misionero Miguel Angel Zalazar había recibido un disparo accidental a manos de Jorge Eduardo Chaquito Espinoza, un muchacho vinculado al tráfico de estupefacientes.
El homicida escapó y hubo revuelo. La Policía envió tropas para buscar al prófugo y esto dificultaba el tráfico de drogas.
Mario Ríos sostuvo que habían intervenido el teléfono del Comisario. “Maciel era muy confidente con Ocampo y le recomendó que hable con (Federico) Marín que estaba prófugo para que lo entregue al homicida. Esto está mal, no se puede hacer, no se puede negociar con un prófugo la entrega de otro”, dijo el declarante.
Presionado por los narcotraficantes el comisario buscaba evitar que los policías copen la ciudad, pero finalmente llegaron equipos de la Capital para buscar al evadido.
Los vecinos realizaron manifestaciones pidiendo seguridad y denunciando irregularidades. Ocampo Alvarenga temía ser desplazado.
En ese contexto “Maciel habló con Weyller”, dijo el gendarme al referirse a Guillermo Weyller, entonces secretario de seguridad provincial.
Agregó también que el comisario recibió una comunicación en la que le dijeron “quédate tranquilo, ya hablé con el Gobernador (Ricardo Colombi) y dijo que está todo bien”.
Pero también en una parte de su relato sostuvo que las organizaciones “tenían relación con la Policía Federal, la Policía de Corrientes, pero en la investigación tampoco podíamos pedir ayuda a la Gendarmería para que no se filtre información”, dijo.
Pero no es la única vez que Mario Ríos da a conocer vínculos entre organizaciones criminales con funcionarios provinciales.
Una semana antes dijo que durante la investigación seguían a una integrante de una banda narco de la Ciudad de Buenos Aires, María Fernanda Pazos.
“Se nos perdía en la calle Catamarca y es que entraba a una casona donde funciona la Dirección de Toxicomanía. Después, de ahí, salía a Buenos Aires y no la revisaban en los controles viales”, dijo Ríos.
Pese a que el investigador dio detalles muy precisos de la relación entre funcionarios políticos en actividad y los integrantes de las bandas de narcotráfico, la Procuración de la Narcocriminalidad, a cargo de Diego Iglesias no avanzó en esa línea investigativa.
Tampoco el Tribunal Oral Federal 3 pidió investigar a los funcionarios de Cambiemos y de la Policía de Corrientes por posibles relaciones con narcotraficantes.
En el marco del debate, uno de los abogados defensores, Jorge Adrián Barboza solicitó que el testigo se circunscriba a los hechos que investigó y que son materia del juicio y que evite realizar declaraciones respecto de las relaciones sentimentales de los involucrados. Los jueces le dieron la razón al abogado, pero igualmente el testigo avanzó en descripciones de amoríos furtivos y vínculos amorosos clandestinos de los involucrados.
El debate de la Causa Sapucay seguirá el próximo 2 de diciembre.
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