Entregaron terrenos públicos a empresas para que se construyan casinos, shoppings y exploten las playas a la vera del Paraná. La Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental analiza las posibles responsabilidades de Eduardo Tassano, intendente de Corrientes.
El intendente de Corrientes suma denuncias en su contra. A las acusaciones por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, “abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público” que son investigadas en el fuero ordinario de Corrientes, se le suma una causa activada en la Justicia Federal por acciones de posibles daños ambientales al río Paraná y sus costas.
Lo que se investiga ahora son las autorizaciones que habría otorgado la Municipalidad de Corrientes para realizar rellenos con tierra en un área por donde pasa el curso de agua.
Este terraplén, fue construido sin que se realicen estudios de impacto ambiental pero, además, fueron entregadas a firmas privadas para que instalen allí emprendimientos comerciales.
La ilegalidad radica en que se incumplen ordenanzas que prohíben la instalación de comercios de envergadura en esa área de la ciudad, pero, además, en que la modificación del suelo genera un efecto negativo a la biodiversidad en la zona.
Los informes de la Dirección de Vías Navegables indican que las obras están en desarrollo, pero que se realizaron sin aviso a las autoridades nacionales de control.
La entidad determinó además que el relleno del terraplén modificó el cauce natural del Paraná.
Pudo establecerse también que la obra era realizada por la firma Bienes Raíces S.A., una empresa que en el trámite inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos registró como domicilio legal un edificio ubicado en Brasil al 1400 de la ciudad de Corrientes.
Lo llamativo es que ese lugar está en construcción y que en el mismo lugar están radicadas otras empresas que también tienen vínculos contractuales con la Municipalidad de Corrientes.
En el Boletín Oficial de la Nación, por otra parte, no se informa de la constitución de la empresa, supuestamente creada en mayo de 1996.
Acción federal
El avance sobre los recursos naturales que se habría realizado con autorización del intendente Eduardo Tassano y ejecutada por la empresa Bienes Raíces S.A., constituiría un delito ambiental.
Es por ello que la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima), dependiente de la Procuración General de la Nación, investiga a los hechos de los que serían responsables los funcionarios locales y un grupo de empresarios.
En esta investigación se incorporarían datos existentes en otra causa judicial, iniciada el 26 de febrero de 2020 , en el fuero de la Justicia Provincial.
En la oportunidad se pidió a la Fiscalía de Instrucción N°1 de la Primera Circunscripción Judicial que se frene la obra de construcción de un shopping, también en la Costanera Sur de la Capital correntina.
Lo que se dio a conocer a la Justicia es que los estudios realizados por organizaciones civiles y profesionales es el impacto ambiental y la violación de normativas para posibilitar la entrega de espacio público a empresas privadas.
La denuncia expone la existencia de un “Convenio Transaccional” suscripto entra Municipalidad de Corrientes y la empresa Hoco S.A. “sin la correspondiente homologación del Concejo Deliberante”, es decir, por fuera de lo que indica la normativa vigente.
En ese contrato también se establecen “excepciones y autorizaciones” que son irregulares.
Es que Eduardo Tassano le concedió un permiso a una empresa privada para la construcción de un shopping en la playa Arazaty II “sin los debidos estudios de impacto ambiental previos”.
El conflicto expresado en este punto es lo que lleva a la Justicia Federal a una oficina especializada en la temática. Pero, además, existen otras irregularidades según la denuncia, ya que “respecto del inmueble donde se pretende construir el shopping y el de calle Lamadrid -donde pretenden construirse un edificio de viviendas-, fueron adquiridos por la empresa Hoco S.A muchos años después de que fueran declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación”.
La obra del shopping quedó frenada luego que la Justicia Provincial emitió un amparo obligando a la firma a cesar la construcción.
Durante la cuarentena se había retomado la obra, pero se la clausuró. Descubrieron además que la firma constructora se había “enganchado” del tendido eléctrico para hacer funcionar las máquinas.
