La Justicia Federal abrió una nueva investigación para determinar la responsabilidad de Mario Víctor Figueroa, Omar Ariel Vaccaro y Guillermo Gerardo Argañaraz en maniobras de exportacion de estupefacientes en bolsas de carbón.
Un alto administrativo de la Dirección Nacional de Aduanas que opera un paso fronterizo en el límite con el Paraguay quedó nuevamente involucrado en una causa por el tráfico de importantes cantidades de cocaína desde Argentina a Europa en bolsas de carbón.
Junto a este funcionario son investigados otros dos, también empleados de alta jerarquía, uno de ellos asignado a la oficina central de la institución en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otro en la oficina de la localidad de Barranqueras, Chaco.
Están sospechados de supuestamente haber evitado el control de las bolsas que iban a salir del país.
Los funcionarios continúan en actividad, pese a que la Justicia Federal pidió el año pasado que se los suspenda en sus cargos.
Se trata de Omar Ariel Vaccaro, Mario Víctor Figueroa y Guillermo Gerardo Argañaraz, a quienes se los investiga por un expediente judicial vinculado a las operaciones de la megacausa Carbón Blanco.
Actualmente Omar Ariel Vaccaro, es consejero técnico de Fiscalización y Operativa Aduanera, un lugar desde el cual colabora con Eduardo Flury, director de la estratégica Aduana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En tanto, Figueroa, empleado especializado en asuntos jurídicos, quien está a cargo de la secretaría de sumarios en la oficina aduanera de Formosa.
Por su parte, Argañaraz se desempeña en la oficina de Baranqueras, Chaco. Nunca fue cambiado de destino y continúa en el mismo lugar que ocupaba cuando inicio la investigación en 2012. Ejerce el rol de jefe de la oficina de auditoría, administración y recursos humanos en esa delegación.
Los tres habían sido imputados por conductas presuntamente irregulares en una destinación aduanera en la planta de la empresa exportadora Carbón Vegetal del Litoral SRL, desde donde partieron hacia el puerto de Lisboa más de 400 kilos de cocaína ocultos entre el cargamento.
La imputación hacia Argañarás se sostiene en que era verificador en la aduana de Barranqueras e intervino en el trámite de habilitación de la planta de Carbón Vegetal del Litoral, que no contaba con las medidas de seguridad establecidas en el Código Aduanero.
Mientras, a Figueroa, quien era administrador de la Aduana y superior de Argañarás se lo acusa de haber dejado actuar sin control a su subordinado.
Por otra parte, a Vaccaro se lo investiga por su desempeño como Jefe de Sección en la terminal portuaria en Buenos Aires.
Según la investigación, al momento de llegar al puerto la carga que tenía la cocaína, las bolsas fueron escaneadas y arrojaron como resultado una imagen sospechosa, pero no se revisó el envío y se le permitió salir del país.
En la investigación primigenia, se consideró que las pruebas eran insuficientes para imputarlos y les dictó el sobreseimiento por la falta de mérito.
Pero, Federico Carniel, titular de la Fiscalía General Ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Carniel expuso que durante la instrucción no se analizó debidamente el sumario administrativo, que podría aportar información conducente para la causa.
El representante del Ministerio Público Fiscal también advirtió que “no se consideró, ni evaluó o se hizo mención” a que una copia del escáner con imagen dudosa fue hallada en la oficina de Salvatore durante un allanamiento.
El fiscal general también señaló que deben analizarse y verificarse alertas que “cayeron en saco roto”, como también las autorizaciones y habilitaciones otorgadas a la planta de carbón.
Ante esto las juezas Selva Spessot y Patricia García y el conjuez Fernando Carbajal hicieron lugar a lo planteado y anularon el fallo anterior.
Procesaron entonces a Guillermo Argañarás, Mario Figueroa y Omar Vaccaro por incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con el delito de actos culposos que posibilitan el contrabando, en calidad de coautores.
Los funcionarios están involucrados en la tercera causa relacionada con el caso Carbón Blanco en el que fueron condenados empresarios fueron condenados a penas de entre 21 y 12 años de prisión por asociación ilícita para el contrabando de más de una tonelada de cocaína a Europa entre marzo y abril de 2012.
En esta causa lo que se intenta demostrar es la responsabilidad penal de los funcionarios que no controlaron debidamente los cargamentos de cocaína embalados en la planta de la empresa Carbón Vegetal del Litoral, que luego pasó por la aduana de Barranqueras para finalmente ser exportada a Portugal a través del puerto de Buenos Aires.
Para el fiscal Federico Carniel, si bien los funcionarios no habrían formado parte de la organización, los agentes habrían coadyuvado a través del incumplimiento de funciones específicas que el Estado les había confiado.
La Cámara Federal hizo lugar al planteo, al considerar que la resolución de primera instancia “omitió considerar prueba que podría resultar conducente a los efectos planteados por la fiscalía”.
Para las camaristas y el camarista se realizó “una evaluación sesgada de las constancias de la causa, analizando casi exclusivamente las declaraciones de los encausados sin confrontarlas con los restantes elementos ni evaluar las acreditaciones en forma global y contextualizada”.
Así, el tribunal revisor reenvió las actuaciones a primera instancia para que se dicte un nuevo pronunciamiento.
Pese a las acusaciones, los tres involucrados siguen en actividad en lugares claves.
El año pasado el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Leonardo Rodríguez, solicitó la suspensión y cesantía estos agentes de la Aduana al verificar la existencia de un sumario administrativo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por los posibles incumplimientos de sus funciones.
Las autoridades de Afip hicieron caso omiso al pedido.
