Tras un año de audiencias culmina el juicio de una causa por narcotráfico que es histórica. El Tribunal Oral Federal 3 escucha a uno de los investigadores que recolectó datos con los que se constituyeron las acusaciones a 12 imputados. Planteó la posible connivencia entre policías de Corrientes y narcos porteños.
Durante la tarde de este 18 de noviembre el Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó declaración a testigos claves de la causa en la que se investigó el supuesto tráfico de unas 15 toneladas semanales de marihuana desde Itatí, Corrientes a siete provincias argentinas y Chile.
El citado es Mario Ríos, un oficial de la Gendarmería quien, junto a Hernán González -quien ya dio su testimonio- estuvo a cargo de la obtención de elementos con los que se constituyó el expediente de la causa 3002/2017 actualmente en debate oral y público.
En esta jornada el Ministerio Público Fiscal desarrollará preguntas para conocer detalles de los acontecimientos que derivaron en las acusaciones a los sospechados de haber intervenido en actividades de narcotráfico en tierras correntinas.
La declaración de Ríos es clave porque podría brindar detalles importantes que podrían definir la situación procesal de los imputados pero, sobre todo, serviría para establecer si durante los procedimientos investigativos llevados a cabo pudieron haberse cometido errores.
Este investigador de la Gendarmería Nacional Argentina dijo que una banda narco con base en la Ciudad de Buenos Aires tendría vínculos con la Dirección de Toxicomanía de Corrientes.
En su declaración habló de una mujer, María Fernanda Pazos, sindicada como la encargada de comprar marihuana en Itatí con el fin de abastecer a kioscos narcos de la CABA.
Declaró que Pazos “iba asiduamente a Corrientes, pero se nos perdía cuando entraba en la casona, donde funciona la Dirección de Toxicomanía de Corrientes”
En el desarrollo de su exposición el abogado Jorge Barboza advirtió a los jueces que el declarante podría haber leído una ayuda memoria, por lo que se suspendió esta exposición y se citó al gendarme para que continúe su relato en la sala de audiencias ubicada en la avenida Comodoro Py 2002 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cuando Ríos termine, está previsto que se lo escuche a José María Valdéz, jefe de la Unidad Antidrogas de la Gendarmería quien también intervino en las averiguaciones.
Relatos trascendentales
El abogado Jorge Adrián Barboza, quien interviene en el debate en representación de cuatro imputados sostuvo que “en el final de la ronda de declaraciones, restan dos testigos y se vienen tiempos de definiciones”.
Recordó que los fiscales habían pedido que, además de los dos gendarmes, se citen a otros dos testigos.
“Se trata de testimonios obtenidos en el contexto de otra causa que es conexa y en la que se realizaron escuchas telefónicas en el marco de la búsqueda de Federico Marín (supuesto líder narco) quien estaba prófugo”, explicó el letrado.
Sostuvo que “las defensas probablemente planteen la oposición porque esa causa ya es conocida profundamente por la Procuración de la Narcocriminalidad, pero los abogados defensores no intervenimos en ella”.
Sustuvo además que la oposición a vincular esto testimonios se fundamenta en que “esos testimonios no fueron ofrecidos como prueba oportunamente y que se pida su incorporación es sorprendente porque viola la buena fe procesal. Esta prueba es conocida por la Fiscalía y no por los defensores, pero además interviene como apoyo del Ministerio Público, como auxiliar, el secretario actuario que instruyó la causa. Es obvio que existe hay mala fe procesal”.
Nuevas pruebas, viejas controversias
En la oportunidad se agregaron nuevas pruebas a la causa. Se trata de dos videos que registraron el momento en que un grupo de la Gendarmería y otro, de la Policía Federal se disputan el secuestro de un camión cargado con drogas.
La discusión tuvo un origen claro: El incumplimiento de los procedimientos fijados por ley por parte del juez bonaerense Federico Villena quien no avisó a los jueces correntinos que realizaría el seguimiento de un camión en una provincia ajena a la de su jurisdicción.
Otro juez que incurrió en un incumplimiento fue el juez federal de Corrientes, Juan Carlos Vallejos, quien autorizó a los Policías Federales a buscar un camión cargado con estupefacientes en Oberá y Leandro N. Alem, sin avisar de esa acción al magistrado con jurisdicción en esa zona de la provincia de Misiones.
El resultado de estas irregularidades fue que los efectivos de la Policía Federal Argentina, delegación Corrientes, fueron anoticiados del cruce de ese camión en la zona de Virasoro; pero ese camión era seguido por gendarmes que tenían la misión de descubrir dónde se iba a descargar esa droga.
El resultado fue un enfrentamiento, una discusión dada porque los Federales sospechaban que los gendarmes estaban en connivencia con los narcos “porque no tenían ninguna orden judicial” para seguir el camión.
Los gendarmes, por su parte, acusaron al comisario Rubén Ferreyra y a su subalterno Víctor López de haberse “robado” el camión cargado con drogas.
“La ministra Bullrich sabía lo que pasó, porque la superioridad le informó”, dijo Ferreyra en su declaración. Efectivamente, la entonces funcionaria nacional viajó a Corrientes para mediar. Peor dejó solos a los federales quienes quedaron acusados sobre la base de un informe realizado por un grupo de gendarmes que habrían decidido “vengar” el fracaso de la operación de vigilancia ordenado por el juez bonaerense que, a su vez, no cumplió con lo reglamentado en la Ley 23.737.
Para limpiar sus nombres Ferreyra y López agregaron ese video como prueba. El mismo tiene notables diferencias en relación al informe escrito incorporado en la causa.
Tras estas declaraciones, el Tribunal Oral Federal 3 de la ciudad de Buenos Aires estableció un cuarto intermedio.
El juicio seguirá el próximo 25 de noviembre.
