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6 mayo 2021

No aclares, que oscurece

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Luego que se dio a conocer la existencia de un convenio entre el Gobierno y una firma privada de Córdoba para que intervenga en el control sanitario en los límites interprovinciales, se suscitaron protestas a raíz de la posible ilegalidad de ese acuerdo.

La reacción fue por el inminente aumento del cánon que deberían pagar los viajeros para ingresar a la provincia. Con el control a cargo del Estado pagan $5.300 pero la firma privada cobraría $8.000.

El tema surgió en una conferencia de prensa que brindó el gobernador correntino, Gustavo Valdés. La pregunta realizada por un “corajudo” periodista, incomodó al mandatario quien no dejó siquiera terminar la frase al comunicador.

La pregunta fue cuál sería la función que cumpliría la empresa MLE S.A., lo que implicaba conocer la opinión del Jefe de Estado respecto a la marcha que tenían previsto realizar los vecinos de Mocoretá este viernes 13 en la Ruta Nacional 14 junto a los habitantes de Chajarí. 

El primer mandatario visiblemente molesto sostuvo que “se dejó sin efecto” ese acuerdo  y aseguró que “ninguna empresa se hará cargo del control que es una función indelegable del Estado”.

Pero la vinculación entre el Estado y la firma aún sigue, pues esta entidad privada estará a cargo los análisis y de la provisión de los insumos de los hisopados, es decir, de involucrase en el control sanitario.

Las aclaraciones sólo sembraron más dudas porque aún no está clara cuál fue el instrumento legal que se utilizó para vincular esta empresa al Estado y cuál es la razón para que se haga esta contratación.

“Dejamos de ser MLE SA, pasamos a ser Tiano”, es la frase de bienvenida de la página web de la firma de medicina laboral que firmó un convenio con el Gobierno de Corrientes.

Un médico de la Municipalidad de Córdoba junto a un especialista en medicina laboral de esa ciudad y un funcionario del Gobierno de la provincia mediterránea, serán los responsables de realizar los hisopados para detectar coronavirus en los ingresos a la provincia de Corrientes. Firmaron un convenio con el gobierno correntino por medio de una empresa de dudosa legalidad.

Los registros comerciales indican que firma tiene sede en el barrio San Martín de la Capital cordobesa, en la calle Castro Barros 453, frente a la plaza Rafael Núñez.

Los informes oficiales indican que se dedica a los servicios relacionados con la salud humana, servicios de psicólogos, fonoaudiólogos, servicios de enfermería, terapia ocupacional, bancos de sangre y de semen

El Cuit es 30-70919371-2 y el teléfono registrado es 0351-4733696. En la dirección citada, no funciona la empresa, sino un Centro Educativo Terapéutico y la línea de teléfono fue dado de baja.

La administración se trasladó a la calle Sarmiento 274, en el barrio General Paz, a 25 cuadras de aquel edificio.

En este lugar se encuentra la firma Tiano, una empresa de medicina laboral que fue fundada por Ricardo Tiano y que actualmente es administrado por Luciano Majlis -Gerente General- quien supo desempeñarse al frente de la Dirección General de Rentas de Córdoba y luego en el área Fiscalización Electrónica de Policía Fiscal.

Ambos se asociaron a un empleado municipal de Córdoba. Se trata de Darío Krislao, un médico laboral que percibía un sueldo de unos $51.900 como personal “contratado” de la Dirección de Medicina Preventiva del municipio cordobés.

Desde 2015 la sociedad tuvo “la suerte” de hacerse cargo del control de salud laboral de obtener contratos para intervenir en Pami, Trenes Argentinos, Odebrecht, Banco de la Nación Argentina, Aerolíneas Argentinas, entre otras firmas vinculadas al gobierno nacional y al macrismo.

En este contexto, en diciembre de 2016 tanto Krislao como Tiano fueron beneficiados por el Gobierno Nacional con nombramientos de médicos examinadores aeronáuticos.

En la Resolución 1108/16 de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), además, se establece: “Desígnase a la firma Medicina Laboral para Empresas, CUIL N° 30-70919371-2, sito en la Avenida Castro Barros N° 453 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, como Centro Médico Aeronáutico Examinador (CMAE), por el plazo de 5 años prorrogables a solicitud del interesado”.

Lo llamativo es que Tiano, si bien es dueño de la firma de medicina laboral, figura como monotributista de catergoría F y no registra empleados.

Krislao, en tanto, también es monotributista, categoría D, sin empleados y con un contrato en la Municipalidad de Córdoba por el que percibía unos $52.000 mensuales.

En tanto, firma que comparten, declara tener 14 empleados y que tiene cobertura en todo el país. Sin embargo, en Corrientes no tiene oficinas.

Queda a las claras que la firma del convenio entre el Gobierno y MLE SA es de muy dudosa legalidad y que detrás podría haber un negociado millonario.

La otra cuestión reñida con la ley es que el Estado cedería una función a un privado, aun cuando el gobernador lo niegue ya que empresa fantasma intervendría igualmente en la realización de estudios bioquímicos (¿con sus 14 empleados?) para detectar casos de coronavirus.

La respuesta del gobernador en la conferencia dejó más dudas que certezas o, como dice la frase: “No aclares, que oscurece”.

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