El Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sostuvo que no existe conexidad entre los hechos de tráfico de drogas con el supuesto pedido de dádivas por parte de funcionarios judiciales. El juicio deberá ser tramitado en un juzgado correntino. El Ministerio Público apelará el fallo.
El Tribunal Oral Federal 3 declaró este 10 de noviembre su incompetencia para seguir entendiendo en las presentes actuaciones “y remitirlas, sin más trámite, al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes”.
El mismo fallo indica que, pese a esta resolución, los imputados Carlos Alberto Bareiro, Pablo Nicolás Torres y Federico Sebastián Marín “permanecerán detenidos en forma conjunta”.
El fundamento por el que los jueces para desprenderse de este expediente es que “conforme surge del detalle de las conductas adscriptas en los requerimientos de elevación a juicio todos los delitos que se reputan cometidos por los encartados habrían tenido lugar en el marco de procesos judiciales tramitados por el Juzgado Federal 1 de Corrientes, con la intervención de funcionarios judiciales, abogados, intermediarios e imputados en aquellas causas –o sus allegados-, cuyas conductas se habrían desarrollado, en su integridad –tanto en lo concerniente a las tratativas y concreción de las maniobras pergeñadas, como a sus efectos-, dentro de los límites provinciales referidos”.
En relación a esto el Tribunal Oral Federal 3 “advierte, en primer lugar, que las conductas endilgadas a la totalidad de los imputados, que fueron subsumidas legalmente en los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y activo agravado, y prevaricato, habrían ocurrido –tanto los hechos como sus consecuencias- en la provincia de Corrientes”.
Es por ello que se basan en el artículo 37 del Código Procesal Penal de la Nación para aplicar la regla de competencia.
“A la luz de la regla primordial que establece la competencia de los tribunales para entender en la investigación y enjuiciamiento de los hechos presuntamente delictivos que llegan a su conocimiento el Artículo 37 del CPPN, prescribe que será competente el tribunal de la circunscripción judicial donde se ha cometido el delito” indica el escrito.
En relación a esto indica que “en lo sucesivo, sea la justicia federal de aquella provincia (Corrientes) la que continúe con el trámite de las actuaciones, toda vez que la jurisdicción penal es territorial e improrrogable y se determina por el lugar en que se cometió el delito”.
Este fallo aún no está firme. Fuentes judiciales informaron a Prensa On Line que en las próximas horas el Ministerio Público Fiscal apelará la medida e insistirá en que la causa sea juzgada en la Ciudad de Buenos Aires, sosteniendo la relación estrecha entre los supuestos hechos de tráfico de drogas y el hipotético caso de cobro de coimas.
Uno de los abogados que interviene en la causa, Jorge Adrián Barboza defiende a un Carlos Bareiro, quien fue involucrado en la investigación de supuestos cohechos. Se le achaca haber pagado favores a funcionarios.
El letrado sostuvo que “al fin se dieron cuenta los jueces porteños que todos los hechos que supuestamente ocurrieron en Corrientes deben ser tramitados en esta provincia. Y que, además, existen procedimientos cuestionables en el marco de la investigación”.
“El Tribunal Federal indica en otras palabras que los trapitos se lavan donde se cometen los hechos. Así el Tribunal porteño en su fallo se declara incompetente y expresa que todos los hechos ocurrieron en Corrientes y que la competencia es improrrogable. Pero también que amén de la posibilidad que una misma persona esté imputada en dos causas, establece que sería asociaciones ilícitas distintas sin conexión con las que son tratadas en Buenos Aires”, dijo Baboza.
El principal acusado en este expediente es el ex juez Carlos Vicente Soto Dávila, señalado como el supuesto jefe de una asociación ilícita para el cobro de coimas a cambio de favores a personas imputadas.
Su defensa había denunciado en relación a la causa un supuesto “armado” con datos falsos del expediente en su contra. Esta denuncia le fue rechazada.
En las últimas horas, tras conocerse el fallo de incompetencia, sostuvieron que “se ampliará la denuncia contra lo fiscales, el juez y los funcionarios que armaron esta causa. Queda en evidencia que esto debió investigarse en Corrientes y que no hay nada que sustente las acusaciones”, indicó una fuente cercana al ex magistrado.
