Tras la exposición en el canal C5N de un pago millonario del Gobierno de Corrientes a una fundación vinculada a Germán Garavano, el periodista que denunció el hecho recibió amenazas por medio de un allegado. El hecho es investigado por la Justicia correntina.
La Ministerio Público Fiscal de Corrientes investiga una amenaza recibida por el periodista Marcelo Burchiski quien el pasado 5 de noviembre expuso en el programa ADN Periodismo Federal posibles irregularidad en el procedimiento por el que el Gobierno de esa provincia pagó unos $3.000.000 a la Asociación Unidos por la Justicia vinculada al ex ministro del gobierno macrista, Germán Garavano.
La coacción fue indirecta, ya que fue una allegada al comunicador para luego la que recibió el mensaje de “advertencia”.
Ocurrió el jueves 5, -un día después de la publicación de la investigación– en una esquina céntrica de la ciudad de Corrientes donde la persona cercana al periodista se disponía a abordar una motocicleta.
En esas circunstancias se acercó “un hombre grande con casco y anteojos negros”, según consta en la denuncia, y le advirtió: “Digale a Burchiski que se deje de hablar en los medios. Sé donde vivís”, entre otras cosas. Luego, el individuo se alejó del lugar en una motocicleta de alta cilindrada.
El hecho derivó en una denuncia y pedido de investigación que lleva el número 233119/2020 y que está en manos del fiscal Pablo Sosa quien ahora debería instruir la búsqueda de indicios para dar con el paradero del hombre que realizó la amenaza.
No es la primera vez que el comunicador es amedrentado tras haber dado a conocer maniobras de dudosa legalidad por parte de funcionarios gubernamentales.
En enero pasado, tras haber expuesto cómo el Municipio de la Capital, administrado por Eduardo Tassano (Cambiemos), llamativamente fue golpeado por “personal de seguridad” contratado por el municipio y luego encerrado de manera ilegan en una Comisaría.
Este hecho también fue denunciado en la Justicia, pero el expediente quedó paralizado ya que nunca el fiscal Raúl Pasetto ni el juez Juan Segovia pusieron en marcha la investigación para identificar a los civiles y policías que le causaron daño físico al comunicador.
Esta situación también fue expuesta mediáticamente pero tras esto, Walter González Acevedo, titular del Servicio Jurídico Permanente (en un posible hecho de peculado de servicios) envió una carta documento instándole a desvincular en el plazo de 48 horas al intendente de los hechos violentos “bajo apercibimiento de iniciar acciones legales”.
Por lo contrario, los dichos fueron ratificados. Nunca iniciaron acciones judiciales.
