Los empleados de las dependencias del Poder Judicial solicitaron al Gobierno que envíe un refuerzo de partida presupuestaria para que se pueda cerrar sin problemas el ejercicio de gestión anual de este Poder del Estado.
La solicitud fue realizada por los representantes del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraj) “frente a la pasividad de los responsables” que deben intervenir en estas gestiones.
El escrito fue presentado este 4 de noviembre a mediodía y en él requirieron al Ministerio de Hacienda de la Provincia que envíe el refuerzo de partida solicitado por el Superior Tribunal de Justicia.
“Como el Sitraj anticipó a fines del año pasado al aprobarse el presupuesto recortado, una vez más en el último tramo del ejercicio el Poder Judicial tiene que casi mendigar al Ejecutivo recursos para cumplir con sus obligaciones salariales”, explicaron los gremialistas.
Ante la situación “exigimos que apure el trámite y que además cumplan las normas constitucionales y la Ley de Autarquía”, remarcaron.
Indicaron a demás que “el reclamo excede a nuestra misión sindical, sin embargo, frente a la pasividad de los responsables, nos vemos obligados a encarar las gestiones porque se trata de salarios y aportes de las y los trabajadores judiciales que no merecen incertidumbres, mucho menos en este año y en estos momentos tan complejos de pandemia”.
En la nota indicaron que el año 2020 el presupuesto de la Justicia arrancó con un déficit de 359 millones de pesos en la partida correspondiente a salarios, debido a los recortes presupuestarios.
Es por ello que reclaman este refuerzo que es “idispensable para atender las obligaciones salariales del ultimo tramo del año y cuyo carácter alimentario nos vemos en la obligación de remarcar”.
Recordaron que el 21 de octubre el Superior Tribunal de Justicia remitió un pedido de refuerzo de partidas para cumplir con los pagos de salarios pero que ese expediente que lleva el número 1762/20 “se encuentra pendiente de resolución cuando ya se ejecutó el 90% de los recursos y todavía faltan las liquidaciones correspondiente de dos meses y del medio aguinaldo”.
Intimaron a los funcionarios que de no realizar el envío de dinero “la situacion podría dar logar a un incumplimiento de los deberes de funcionario público tipificado en el artículo 248 del Código Penal”.
