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26 febrero 2021

Quieren enjuiciar a los dueños de “la cueva financiera del Poder”

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Administraban la Cooperativa de Créditos y Servicios Pyramis que funcionaba como un banco al margen de la ley. Tenían cajas de seguridad donde políticos y narcos escondían su dinero de la Afip. Pedro Cassani, Manuel Sussini, Marcelo Laslo, Carlos Soto Dávila , clientes de la firma.

En 2015 una movilización de prefecturianos rompió con la modorra de la cálida tarde de la Capital correntina. Eran 150, habían llegado desde Chaco, Misiones y Entre Ríos para allanar una red de cuevas financieras cuya base se hallaba en un edificio adyacente al Banco de la Nación Argentina.

Manejaron unos 700 millones de pesos en forma ilegal.

Era un secreto a voces. La Cooperativa de Créditos y Servicios Pyramis era en realidad un jugoso negocio financiero ilegal que daba préstamos, cambiaba cheques, realizaba transacciones comerciales y hasta ofrecía servicios de custodia de bienes en cajas de seguridad.

En los tres días que llevó el traslado de bienes se contabilizaron movimientos por más de $700.000.000 y valores guardados por aproximadamente $200.000.000 en cajas de seguridad.

Luego de cinco años el Ministerio Público Fiscal pidió juzgar a seis personas acusadas de canalizar a la economía formal, a través de la actividad inmobiliaria, la construcción y la compra de automóviles de alta gama, millonarias sumas obtenidas de la intermediación financiera no autorizada.

El pedido se hizo desde la Fiscalía Federal N°1 de Corrientes, a cargo de Flavio Ferrini, junto a los cotitulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Laura Roteta y Mario Villar, solicitó la elevación a juicio de la investigación seguida contra Mario Argentino y Lisandro Boschetti, César Octavio Gelmi, integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa de Créditos y Servicios Pyramis.

También están imputados Adolfo Siviero, Ana Karina Alonso y Carlos Ramón Contrera, quienes operaban desde un local supuestamente dedicado a negocios inmobiliarios, en orden al delito de lavado de activos de origen delictivo agravado por habitualidad, del que habrían sido coautores.

Los mismos imputados que serán sometidos a juicio -de acuerdo a la solicitud efectuada por los representantes del Ministerio Público Fiscal en junio de 2017- ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, como coautores de intermediación financiera no autorizada; es decir, por el delito precedente al lavado de activos. En esa causa la Fiscalía General a cargo de Carlos Schaefer ya ofreció prueba, y la intención es realizar un debate oral unificado.

Banco clandestino

De acuerdo a la investigación, al menos desde 2012 hasta octubre de 2015 la entidad funcionó como un banco clandestino bajo la fachada de la cooperativa Pyramis, a través de la cual los imputados habrían desarrollado una operatoria que consistía en la captación de fondos del público que luego eran utilizados para el otorgamiento de préstamos, descuento de cheques y operaciones cambiarias.

Marcelo Laslo, uno de los clientes de Pyramis.

De este modo -a través de un accionar ajeno a las disposiciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA)-, habrían obtenido alrededor de $68,5 millones de pesos de personas ajenas a la entidad y capitalizado más de $9,5 millones en intereses, con al menos 212 clientes confirmados. Asimismo, la cooperativa recibía dinero de otras empresas para destinarlo a préstamos, garantizando su cobro con cheques o pagarés emitidos por quienes tomaban el dinero en préstamo.

Según la acusación, los imputados introdujeron en el mercado formal el provecho económico de la intermediación financiera no autorizada. Para ello habrían utilizado maniobras de diversa naturaleza vinculadas, principalmente, con la actividad inmobiliaria, la construcción y la compraventa de automotores y motocicletas de alta gama, con el objetivo de dar a los fondos obtenidos ilícitamente una apariencia legal. En cuanto a los vehículos, se identificaron al menos 25 de marcas tales como BMW, Ferrari, Porsche, Audi y Mercedes Benz, entre otras.

Banco del Poder

La investigación de la Procelac reveló que Pyramis también vendía divisa extranjera por fuera del sistema legal.

Haga allí llegó el juez federal que debía investigar las maniobras ilegales. Pero, lejos de buscar pruebas para la causa, Carlos Vicente Soto Dávila compró 63.730 dólares estadounidenses a un precio “diferenciado”. Luego, también vendió esa moneda por un total de $209.825.

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Carlos Vicente Soto Dávila. Ex juez.

La Afip pidió que se lo investigue por evasión fiscal e incumplimiento de la ley cambiaria.

El magistrado luego renunció en el marco de otra acusa en la que se lo acusó de cobrar coimas a personas imputadas por narcotráfico para liberarlos.

La investigación federal también demostró que la Cooperativa de Créditos y Servicios Pyramis funcionaba como el escondite de dinero de funcionarios gubernamentales, empresarios y gente del hampa.

En el listado de clientes figura Manuel Antonio Sussini, quien por entonces era asesor del gobierno y que luego terminó encausado en un expediente por abuso sexual en perjuicio de una adolescente y una joven mayor de edad.

El gerente general del frigorífico fantasma Muralla China tenía guardada en la caja de seguridad 7 E unos 1.122 billetes de 100 dólares, 100 billetes de 50 dó¬lares, 124 billetes de 20 dólares y un billete de 10 dólares.

Otro que poseía una caja de seguridad era Marcelo Laslo, un es funcionario del Pami, sindicado como un supuesto testaferro de Ricardo Colombi. Este fue uno de los primeros en llegar a la sede de la entidad financiera el día que la allanaron.

Otro de los personajes de la política que tenían bienes en es cueva financiera era el Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes -quien continua en el cargo- Pedro Cassani.

Pedro Cassani. Fue acusado de delitos financieros. No renunció a su cargo.

En total se le hallaron 1.109.400 pesos y 578.771 dólares, una caja roja cerrada con cinta pack  que tenían dos pulseras doradas y una cadena con eslabones dorados.

El jefe de la Cámara Baja provincial había reservado dos cofres: en el registrado con el número 254-A se encontraron 218.971 dólares, en la 60-N, 906.300 pesos y 200.950 dólares y en la B-61, 203.100 pesos y 178.850 dólares.

En la caja 61 B se halló un sobre cerrado de color blanco con inscripción “Telecom” que en su interior contiene tres fajos de 100 billetes de cien dólares cada uno, un fajo de 88 billetes de cien dólares y un billete de cincuenta dólares contabilizando un total de 38.850 dólares, así como 14 fajos de 100 billetes de cien dólares contabilizando un total de 140.000 dólares, informaron fuentes oficiales.

La Administración Federal de Ingresos Públicos detectó que había inconsistencia con los registros de bienes declarados.

Ante el fisco, Cassani había declarado 106.751 pesos en efectivo, un plazo fijo en dólares de 412.855, así como acreditaciones bancarias por 1.094.559 pesos y reconoció bienes personales y muebles del hogar por 93.687 pesos.

Debido a que Cassani es una autoridad estatal provincial, la Justicia Federal envió una copia del expediente para que se le inicie una causa judicial en ese fuero.

Luego la jueza de Instrucción 3 de Corrientes, Josefina González Cabañas y el fiscal penal N° 6, Gustavo Roubineau iniciaron una acción preliminar por supuesto enriquecimiento ilícito.

La causa quedó paralizada. Cassani nunca fue citado y jamás se aclaró el origen de esos bienes.

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