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Corrientes
27 julio 2021

Plan de privatización del Estado: Echan a empleados en plena pandemia

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Mientras rige un decreto nacional y otro provincial en el que se prohíbe dejar a personas sin trabajo en la emergencia sanitaria por el coronavirus, los empleados del Instituto de Vivienda de Corrientes denunciaron que 20 administrativos quedaron sin empleo al inicio de noviembre.

Luego de ser anoticiados que había empleados que fueron echados, pidieron al Gobierno que se normalice la situación laboral de quienes trabajan en esa institución al tiempo que reclamaron la reincorporación de estos 20 agentes que fueron desplazados sin previo aviso.

Se trata de administrativos choferes y profesionales que se hallaban precarizados y que no figuraban en la nómina de empleados estatales.

Algunos de ellos con más de 60 años de edad, quienes esperaban jubilarse.

“Son trabajadores que presentaban facturas. Si bien no había un contrato, algunos hacía 26 años que trabajaban en esa situación”, explicó Juan Arnedo, delegado sindical del Invico.

Aclaró que habían solicitado explicaciones del caso a Julio César Veglia, interventor del organismo, pero no obtuvieron explicaciones válidas.

Ante esto, presentaron pedidos de audiencias con el Gobernador, Gustavo Valdés, el ministro de obras, Claudio Polich y el ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo, a quienes también se les informó de la situación de precariedad laboral.

Irregularidades

En la actualidad existen 400 trabajadores del Invico en situación irregular. Habían ingresado como prestadores de servicios con la condición que luego se los incorporaría como empleados del Estado.

Estos presentan una factura de servicios todos los meses, pero carecen de estabilidad laboral aun cuando cuentan con legajos y perciben salarios con montos similares a los que perciben quienes está en planta permanente.

La administración de las cuentas de este grupo de trabajadores “es realizada por una consultora, cuyo nombre no fue informado y no sabemos cómo fue contratada, pero que es administrada por Leticia Buyatti”, contó Arnedo.

De hecho, el nombre de la licenciada en Recursos Humanos aparece en los informes de prensa del Invico, pero en ninguno de ellos se especifica su cargo o rol en el Invico.

Privatizacion

Los trabajadores estatales dieron a conocer que varios organismos descentralizados están en una etapa de privatización de servicios.

¿Por qué los empleados piden aumento de impuestos? Porque sus salarios dependen de la recaudación que tengan.

“En el Invico se está avanzando en un plan de tercerización de servicios. Contratan consultoras o empresas para que realicen los trabajos de los empleados; echan trabajadores y no cubren los cargos de los que se jubilan”, denunció Arnedo.

Aseguró que el plan de la intervención es generar el fondo fiduciario, “para tratar de privatizar las escrituras y el recupero de viviendas, pero lo hacen  escondidas sin dar información”.

La misma situación ocurre en la Dirección de Catastro.

Allí 25 trabajadores fueron echados. Los empleados estaban en negro y tienen en promedio 15 años de antigüedad.

Tampoco figuran en la nómina de trabajadores estatales y sus sueldos provenían estaban enmarcados en el convenio 5.217, fondos provenían del cobro de tasas por los servicios que realiza el organismo.

El lunes se les informó que debían dejar sus lugares de trabajo, pero ellos se negaron a irse sin tener una explicación respecto de las causas por las que se decidió dejarlos sin trabajo.

Ante esto, los directivos del organismo pidieron a la Policía el desalojo del edificio ubicado en la calle 9 de Julio al 1700, en pleno centro correntino.

Estos trabajadores también eenuncian que el gobierno de Gustavo Valdés pretende vaciar el organismo para contratar firmas privadas que se encarguen de la administración de la información de los bienes inmuebles de la provincia.

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