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Corrientes
12 mayo 2021

Bloquearon la detención domiciliaria de la dirigente Angelina Lisieux

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Un Tribunal Oral le otorgó la prisión domiciliaria a la dirigente peronista Angelina Lisieux, pero le impuso una caución real de $10.000.000. La defensa apeló esta decisión por considerarla excesiva y debido a que la ex intendente de Perugorría carece esa cantidad de bienes.

Una resolución contradictoria que afecta los derechos de una persona con problema de salud y con una sentencia que aún no está firme.

El Tribunal Penal Oral de Corrientes condicionó la detención domiciliaria de Angelina Lisieux a depósito de una cifra dineraria casi inalcanzable: $10.000.000 para cubrir la caución.

Angelina Lisieux reclama asistencia médica. La Justicia pone trabas a sus pedidos.

Además, el los magistrados pidieron que el Ministerio de Seguridad de la Provincia gestione una pulsera electrónica para controlar los movimientos de la referente opositora al gobierno llevada a juicio por una causa iniciada con pruebas de dudosa legalidad y mediatizada.

En la resolución ordena “librar oficio al Ministro de Seguridad de la Provincia de Corrientes, para que a través de quien corresponda se le coloque a la nombrada Angelina Soledad Lesieux, alojada en la Unidad Penal N°3 (Instituto Pelletier) S.P.P. una tobillera electrónica, para garantizar su monitoreo, y la traslade al domicilio que denunciará”.

La defensa de Lisieux reclamaba la detención domiciliaria desde el inicio de la causa. Ahora, si bien el Tribunal dio lugar el pedido, impuso pautas que materialmente son de imposible cumplimiento.

En primer lugar, según la defensa, el monto solicitado como caución es excesivo y además no correspondería fijar esa suma debido a que la detención domiciliaria se pidió en base a una cuestión de salud.

El otro impedimento es que el en Corrientes se carece de pulseras electrónicas y los trámites para contar con esos equipos dilatarían más la estancia de Lisieux en la Unidad carcelaria.

Es por ello que el fallo del Tribunal Oral Penal está en revisión. El expediente se halla en el Superior Tribunal de Justicia donde se debe evaluar los planteos de la defensa.

El pedido de prisión domiciliaria se realizó luego que se presentó un informe al Ministerio de Justicia de la Provincia y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el que se expuso las condiciones inhumanas de detención que sufría la ex jefa comunal en la Comisaría Primera de Mercedes.

En el mismo escrito se hizo constar el delicado estado de salud en el que se hallaba la detenida.

Este mismo escrito fue analizado por el Comité Provincial contra la Tortura, tras lo cual se realizó una inspección ocular a lugar de detención de Lesieux.

En base a esta información el Tribunal Oral Penal accedió a brindar mejores condiciones de detención para la ex jefe comunal, pero al tiempo puso condiciones de difícil cumplimiento, por lo que la detención domiciliaria no se hizo efectiva.

Causa armada

La acusación contra Lisieux y su pareja, Jorge Corona surgieron de una carpeta armada en la Oficina Anticorrupción entonces dirigida por Laura Alonso, con la participación de organismos de inteligencia.

Esta información fue entregada al la producción de un programa de televisión conducido por Luis Majul quien luego realizó las acusaciones mediáticas sobre la base de los datos que le había cedido Alonso.

Llamativamente la “denuncia” se hizo en épocas preelectorales con el fin de manchar la imagen del PJ y favorecer así al candidato de Cambiemos.

En el programa de televisión se acusó a los ex intendentes de Perugorría, Angelina Lisieux y Jorge Corona de haber realizado manejos ilegales de fondos nacionales que estaban destinados a la obra pública.

Llamativamente la causa no fue enviada al fuero federal, sino que se envió a la Justicia Ordinaria.

En junio de 2020 finalizó el juicio realizado en la Tribunal Oral Penal de Mercedes. Allí se condenó a los ex intendentes Jorge Luis Corona y Angelina Soledad Lesieux a la pena de 5 años y 8 años y 3 meses de prisión.

Lo que queda por resolver es si esta causa fue armada en base a operaciones de inteligencia ilegal.

La denuncia fue realizada en el Juzgado Federal de Paso de los Libres.

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