En plena pandemia de coronavirus, el Gobierno de Corrientes se halla en un serio conflicto con los médicos y enfermeros, trabajadores ocupan la primera línea de batalla contra la enfermedad, por la que ya murieron en la provincia 45 pacientes.
Esto es porque la política de salud estatal, es ambigua: Mientras, por un lado, anuncian grandes obras y “complejización” de los centros de salud, por otro, el gobierno niega a garantizar acceso al trabajo y a sueldos dignos a profesionales.
El hecho implica que las edificaciones inauguradas se convierten, a poco de ser inauguradas, en cáscaras vacías ya que es imposible aprovecharlas en su totalidad debido a la falta de personal.
Es el caso del Hospital Regional “María Auxiliadora” en Saladas donde el pasado 23 inauguraron el Bloque Quirúrgico Obstétrico, en lo que fue presentado como “el plan provincial de complejización y fortalecimiento de los centros de salud del interior, con obras de infraestructura claves y tecnología de punta”.
La obra, consta de dos quirófanos, lavado quirúrgico, sala de partos, sala dilatante con 3 camas y sala de recepción del recién nacido; instalación de vinilo sanitario; sala de parto, quirófano obstétrico, quirófano general para cirugía y traumtaología, sala de médicos y dos baños.
Según el gobernador, Gustavo Valdés, implicó “una inversión de cerca de 200 mil dólares más la obra civil que ya la estamos comenzando a ejecutar”.
En contrapartida, las inversiones en salarios son nulas tanto para el pago de salarios dignos, como para incorporar personal capacitado.
Esto produce un desfasaje entre la capacidad operativa de los hospitales y los recursos humanos disponibles.
La consecuencia de esto que los equipos nuevos no son aprovechados en su totalidad.
Así, los fondos presentados por los funcionarios como “inversiones” se convierten en un gasto, pues, no se utilizan en el fin propuesto.
Estas particularidades de las políticas de salud generan también incesantes reclamos de los pocos empleados en actividad.
Estas demandas son tan múltiples como lógicas y básicas. Van desde uniformes para el trabajo y materiales de trabajo, hasta sueldos dignos y estabilidad laboral.
Salud desordenada
Los hechos descriptos son en parte consecuencia del desorden existente en el área que administra el ministro Ricardo Cardozo.
El descalabro queda en evidencia cuando desde esa Cartera no pueden explicar cómo fue que se utilizó una ambulancia del sistema de salud público para simular el transporte de un paciente a fin de trasladar un cargamento de marihuana desde la ciudad de Itá Ibaté a la Capital, hecho que fue descubierto por la Prefectura Naval el 14 de agosto pasado.
En otro plano, tampoco están capacitados para informar cuál es la cantidad de enfermeros y médicos que están en actividad, y cuál es la situación contractual de cada uno de ellos.
Precarización laboral
La relación laboral precaria de los trabajadores de la salud ya había sido denunciado por Asociación de Trabajadores del Estado.
Según los datos de esta organización de los trabajadores, el promedio de sueldo de un enfermero es de $740 por día, pero debido a que se hallan en un régimen en el que no figuran como empleados estatales “no les toca ningún beneficio o aumento”, informaron.
Esto se suma a que existen siete mecanismos por el que se incorpora personal de salud y se les abona los sueldos a unos 6.000 trabajadores, según estiman las organizaciones gremiales.
El grupo más antiguo es el de los empleados de planta permanente. Actualmente son minoría y la mayor parte de ellos próximos a jubilarse.
Otro sector está integrado por los quienes tuvieron la posibilidad de firmar un contrato con el Ministerio de Salud, por seis meses o un año, con haberes mensuales asegurados, pero con montos que están debajo del costo de la canasta básica.
Por otra parte, existe una importante cantidad de trabajadores incorporados a los hospitales por medio de un acuerdo entre el Gobierno y el Colegio de Enfermeros. Estos son “jornalizados”, es decir, se les abona el día trabajado.
Estos son contratados por el Colegio de Enfermeros que tiene un convenio con el Poder Ejecutivo.
Cuando el Ministerio de Salud considera necesario cubrir cargos vacantes, se le informa al Colegio de Enfermeros desde donde se convoca a los interesados, los contrata y les designa los horarios de trabajo establecidos por el Ministerio.
Luego, el gobierno envía una remesa de dinero al Colegio. Pero la institución se queda con un porcentaje de cada uno de los sueldos.
Una vez que el “asociado” recibe el pago mensual debe presentar una factura y, además, el comprobante del pago del impuesto correspondiente en la Administración de Federal de Ingresos Públicos (Afip).
Este Colegio, además de enfermeros profesionales y auxiliares también asocia a médicos, en su mayoría recién recibidos, que necesitan trabajo.
También existe un régimen por el que los enfermeros profesionales perciben una “beca de estudios”, pese a haber culminado su preparación profesional. Esta ayuda se abona por medio de un Programa de Fortalecimiento asistencial desarrollado por el Ministerio de Salud Pública.
Las sumas van desde los $10.000 a los $14.000 y es incierto el tiempo que puede durar ese beneficio.
“Los monotributistas y los becados, trabajamos para la Provincia, pero no somos parte de la planta de empleados estatales, no figuramos en ningún lado”, explicaron los enfermeros.
En tanto, existen trabajadores de la salud que reciben una ayuda económica del Estado Nacional por medio del Programa Nacional de Formación de Enfermería, por lo que tampoco son considerados empleados estatales.
Y, además, existe otro grupo que son los “arancelados” y son los trabajadores administrativos que reciben mensualmente un monto que depende de la cantidad de dinero que cobre el hospital a quienes tengan obra social. Estos no son empleados del Estado ni están contratados.
Es menester remarcar que ninguna de estas categorías cobra aguinaldo, ni plus. Tampoco cuentan con Seguro de Riesgos del Trabajo y no tienen vacaciones.
Los sueldos se les abona, en ocasiones con dos o tres meses de demora.
Como si la situación fuese fácil, desde que se decretó la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, los enfermeros tuvieron recargo de horas laborales, se les cambió de lugar de trabajo sin previo aviso y se les suspendió las licencias.
La excusa es que debido a la puesta en funcionamiento de un hospital de campaña exclusivo para el tratamiento de enfermos de coronavirus, se decidió sacar personal de los hospitales para que pueda funcionar este nosocomio improvisado.
Los enfermeros no tienen opción. Literalmente, si se niegan a trabajar en ese lugar de alto riesgo de contagio “puede que al mes entrante no aparezcan en el Sistema de Personal y Liquidaciones de Haberes (Sisper)”.
Es por ello que, hasta los enfermeros que conviven con ancianos y personas del grupo de riesgo acceden a cumplir horarios en el (ex) Hogar Escuela, donde se trata exclusivamente a enfermos de coronavirus.
Se convierten entonces obligadamente en la primer línea de combate contra la enfermedad, pese a su situación laboral precaria, a los riesgos que corren y a los escasos sueldos que perciben.
Este es nuestro análisis.
