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12 mayo 2021

Negocios de Cambiemos: Pagan por decreto $3.500.000 para que macristas dicten cursos

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Es para que una institución vinculada a Germán Garavano, ex ministro de Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri “capacite” sobre la implementación de una ley que fue redactada por juristas correntinos. Un catedrático de la Universidad Nacional del Nordeste dijo esa casa de estudios haría los mismos curso gratuitamente.

El Gobierno considera que la Unne no cuenta con profesionales capacitados. Pero, tanto el gobernador Valdés, como sus ministros y los legisladores de su partido, son egresados de esa universidad.

Una de las marcas distintivas de Cambiemos es la de hacer negociados con dinero del Estado. Y, Corrientes, provincia gobernada por el macrismo, no es la excepción.

El Gobierno de Gustavo Valdés otorgó en forma unilateral $3.500.000 a Germán Garavano, es ministro de Justicia de la nación por medio de una asociación civil “Unidos por la Justicia”, integrada por abogados identificados con el partido político que integra el ex funcionario.

El desembolso del Gobierno correntino fue para que esta asociación organice cursos de capacitación para la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la provincia que fue aprobado en noviembre del año pasado, pero que se aplica sólo en el ámbito del Departamento Paso de los Libres.

El dinero fue otorgado por medio del Decreto Nº 1053, en el que se autoriza “la contratación directa por vía de excepción para el servicio de asesoramiento integral para la administración de Justicia, en el marco de la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Corrientes y autorizar al Ministro de Justicia y Derechos Humanos a suscribir dicho contrato en nombre y representación del Estado Provincial”.

Este hecho generó malestar en la comunidad académica, principalmente entre los que redactaron el Código, todos ellos profesionales recibidos en la Universidad Nacional del Nordeste y que ocupan cargos de catedráticos y en el Poder Judicial.

Es que el decreto indica que la contratación directa se realiza porque la provincia que se carecería de profesionales y organismos capacitados para realizar la capacitación a efectivos policiales y funcionarios judiciales respecto de la nueva normativa.

Este trámite fue hecho en forma secreta y en forma unilateral. Tal es así que ni quienes dictaban los curos sabían que se les abonaría una suma por dirigir esas charlas.

Esto lo evidenció uno de los redactores del Código de Procedimientos, el vicerrector de la Facultad de Derecho de la Unne, Jorge Buompadre.

El especialista el Derecho Penal trabajó desde principios de la década de 2.000 en estudios para redacción de este Código. En 2011 presidió una comisión de notables que presentó un proyecto de normativa, pero que no fue aprobado por desacuerdos partidarios entre los legisladores. En 2019, finalmente, el texto fue aprobado.

“Nosotros hicimos este trabajo de redacción del Código ad honorem, gratuitamente. La única propuesta de honorarios que yo recibí fue ahora, con un curso de capacitación que organizó la entidad Unidos por la Justicia, que también asesoró al Gobierno”, dijo Buompadre en un canal de televisión local.

El catedrático aclaró que se enteró de la existencia de pagos por su trabajo sólo después que brindó una charla a profesionales, clase por la que desconocía que cobraría. “Yo al principio no acepté, pero luego me enviaron un mail, después de dar mi clase, y me enteré que me habían abonado $2.500 pesos por mi curso de capacitación. Que hasta ahora no lo cobré, aunque tampoco es mi urgencia”.

Esto lo llevó a investigar el origen de los fondos “sé que salió un decreto suscripto por el Gobernador y el Ministro de Justicia por el que se le abonó una suma importante a esta organización Unidos por la Justicia, que la capitanea (Germán) Garavano (ex ministro de Justicia de Macri) y el director creo que es un tal (Juan José) Benítez”, dijo.

Al ser consultado respecto de un posible negociado, Buompadre sostuvo: “y seguramente que sí. Es una palabra un poco dura, tal vez. Pero bueno… Digamos que es un convenio económico”.

El acuerdo económico, al parecer ya era planificado desde hacía tiempo y contaba con el conocimiento de los funcionarios de la Justicia provincial. Tal es así que Garavano visitó Corrientes en varias oportunidades para tratar el tema.

El cierre de la negociación fue en mayo pasado cuando los Ministros del Superior Tribunal de Justicia Alejandro Chain, Eduardo Panseri y Guillermo Semhan participaron de una videoconferencia con Germán Garavano.

El Poder Judicial de Corrientes identificó al ex ministro como el referente de Unidos por la Justicia quien propuso “colaborar” en la implementación de la normativa. No se hizo pública la condición de pago.

En esa charla virtual también estuvo, en representación del Ministerio Público, el Fiscal de Instrucción Nº6, Gustavo Robineau; por el Poder Ejecutivo estuvo el Ministro de Coordinación y Planificación, Horacio David Ortega; y fue “invitado” el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos doctor Buenaventura Duarte.

Este último es otro de los redactores del Código y quien, al final, puso la rúbrica para que se haga el pago a la organización de funcionarios macristas.

También estuvo en ese encuentro y en representación del Poder Legislativo el diputado radical Marcelo Chain -hermano de Alejandro, ministro del Superior Tribunal- y el Diógenes González representante de la Cámara de Senadores de Corrientes.

Piden una explicación

Los diputados provinciales presentaron un pedido de informes para saber porqué se hizo una contratación directa a la organización de Germán Garavano y cuál es el motívo por el que no se llamó a licitación.

“La Asociación Civil Unidos por la Justicia no es la única Institución que brinda servicios de asesoramiento para procesos de transformación de los sistemas judiciales y de los sistemas penales”, denunciaron.

Es por ello que el 10 de agosto, los legisladores Miguel Mateo Arias, César Víctor Acevedo, Marcos Bassi, María Alicia Meixner, José Horacio Mórtola, Marcos Jesús Otaño, Félix María Pacayut presentaron el Proyecto de Resolución  para pedir explicaciones “sobre la contratación autorizada por Decreto Nº 1053, de la Asociación Civil Unidos por la Justicia, por la suma de $ 3.500.000”.

Este decreto, firmado en fecha 22 de junio 2020 y publicado en el Boletín Oficial  N° 28.113 del 05 de agosto de 2020 que se trata de “una prestación personal técnica y profesional, que comprende la elaboración de un plan de implementación del Código Procesal Penal de la Provincia de Corrientes, y siendo una actividad preparatoria imprescindible para una exitosa tarea, corresponde que la misma sea ejecutada por un equipo de juristas especializado en reformas de implementación para sistemas de justicia”.

Lo llamativo es que la misma ley que pone en vigencia el Código establece expresamente: “Créase la Comisión de Implementación del Código Procesal Penal, la que se encargará de la aplicación y el seguimiento de la presente ley, integrada por dos representantes del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, dos por el Ministerio Público, uno por el Poder Ejecutivo, uno por el Honorable Senado y uno por la Honorable Cámara de Diputados”.

Así la misma norma deja perfectamente en claro cuál es el órgano encargado de la implementación del Código Procesal Penal de la Provincia de Corrientes

Pero, pese a esto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos solicitó la contratación de Unidos por la Justicia en forma unilateral, “sin siquiera haber consultado al Órgano creado por la Ley 6.518”, expresaron los legisladores opositores.

“También llama la atención que no se hubiera requerido previamente la colaboración de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, que cuenta con una Cátedra de Litigación Penal y Oral con reconocidos docentes especializados, y que dicta una Diplomatura Superior en “Sistema Acusatorio y Litigación Oral contando en su equipo docente con juristas de renombre nacional e internacional”, remarcaron

En este sentido, indicaron que “si se hubiera consultado a esa Facultad si podía disponer de sus docentes para asesorar gratuitamente en la implementación del Código Procesal Penal, no habría sido necesario para el Estado erogar la significativa suma de $ 3.500.000”

Consideraron así que es “mínimamente dudosa la necesidad de realizar semejante gasto en la situación de emergencia que vive la Provincia por la pandemia de Covid 19, cuando podían haberse buscado alternativas -como la señalada de la Universidad- que no generaran afectación al erario público”.

Pasaron tres meses del pedido de informes. Pero no hubo respuestas.  

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