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Corrientes
3 marzo 2021

Impunidad y Connivencia en una causa de trata sexual sin condena

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La inacción de un fiscal que tuvo que renunciar en 2016 por tener connivencias con una red de trata de personas, aún generan efectos nefastos. En las últimas horas tres mujeres que regenteaban un prostíbulo en la ciudad de Mercedes, en Corrientes, fueron absueltas porque la causa judicial prescribió por el paso del tiempo.

El fallo aún no está firme. El Ministerio Público apelará la medida ante la Cámara Federal de Apelaciones

Lo que consideró el Tribunal Oral Federal de Corrientes es que los años que pasaron desde que se inició la investigación supera el tiempo que la ley establece como pena mínima para ese delito.

En el juicio el defensor oficial Enzo Di Tella pidió la absolución de sus defendidas e hizo notar, entre otras cuestiones, que desde el inicio de la investigación se habían incumplido Derechos y garantías de los sospechosos.

El fallo de los jueces Fermín Ceroleni, Victor Alonso y Lucrecia Rojas resolvieron la absolución por prescripción de la acción penal de las imputadas, quienes quedaron libres de culpa y cargo.

Las beneficiadas por esta sentencia son Carmen Dell Ortto, María Castillo y Liliana “Neca” Moreyra quienes habían sido detenidas y procesadas por el delito de “trata de personas con fines de explotación sexual, agravado”.

Respeto a este fallo, desde el Ministerio Público Fiscal adelantaron que se apelará la sentencia porque los efectos son “de gravedad” debido a que no se consideró la situación de las víctimas y “por las irregularidades que hubo en el proceso”.

Remarcaron que la ley protege a las víctimas de trata de persona otorgándoles la posibilidad de ser querellantes y de solicitar una indemnización por los daños. Pero, en el caso, esto será imposible.

Connivencias

El fallo absolutorio es consecuencia del desinterés de la fiscalía federal de Paso de los libres para investigar la explotación sexual de mujeres en Corrientes.

El caso había ocurrido en la jurisdicción de la Fiscalía Federal de Paso de los Libres que en aquellos años se hallaba a cargo del fiscal Benito Pont.

Este funcionario habría evitado activar la investigación y agilizar la acusación penal contra las sospechosas.

Esta situación y los planteos de nulidades por fallas en los procedimientos investigativos, favorecieron el vencimiento de los plazos procesales por el paso del tiempo. En consecuencia, facilitó así que el caso quede impune.

Esto llevó a que el fiscal de juicio, Carlos Schaefer se oponga a la absolución de las imputadas.

“El devenir del proceso fue engorroso, lo que tiene que ver con serias irregularidades en el proceso, y sobre todo en el Juzgado Federal como lo viene planteando”, sostuvo el fiscal Carlos Schaefer, en el juicio.

Esto no fue considerado por los jueces quienes ordenaron “declarar la prescripción de la acción penal en la causa y en consecuencia sobreseer a las imputadas por extinción de la acción penal convirtiendo en definitivas las libertades oportunamente concedidas, debiendo levantarse las medidas cautelares que se hubieren dispuesto“.

La existencia de casos de explotación sexual en un prostíbulo en Mercedes investigada después que una víctima pudo escapar del lugar y denunció la situación en la que se hallaba.

La chica, de 25 años, se encontraba privada de la libertad dentro del local nocturno. Pero, un mediodía, en un descuido del hombre que se encargaba de custodiar el lugar aprovechó la situación y logró escapar.

Corrió varias cuadras hasta que llegó a un comercio. Allí contó lo que le había ocurrido. El dueño del comercio le ofreció comida y amparo. Luego se ofreció a llevarla hasta Paso de los Libres.

Una vez en esa ciudad acudió a las autoridades policiales y denunció lo ocurrido.

Ante las autoridades que una amiga de su madre, a la que identificó como “Neca”, fue a su casa una tarde para ofrecerle trabajo, ya que sabía que la joven estaba desocupada.

Ella aceptó y horas después la pasaron a buscar por su casa en un automóvil y la llevaron a Mercedes.

Pero, cuando llegó, la encerraron en una habitación en un local.

Le ordenaron que “tenía que trabajar allí teniendo relaciones sexuales por dinero y que le pagarían $300 cuando se cumpla un mes”, según consta en el expediente. La joven se negó a prostituirse y recibió reprimenda.

“La encerraron sola en una pieza y la obligaron a vestirse para trabajar de prostituta y no le permitían salir del local”, según consta en el expediente

Engaño y dilaciones

Tres meses después se hizo el allanamiento del local, pero en el marco de la investigación de la privación de la libertad. Rescataron a más víctimas.

Entonces, se ordenó la detención de “Neca” y de Carmen Dell Ortto, María Castillo, colaboradoras y entregadoras de las víctimas.

Posteriormente las tres quedaron en libertad y el juez que las excarceló, Juan Oliva, titular del Juzgado de Paso de los Libres, renunció al cargo para acogerse a la jubilación.

El local fue reabierto y, como consecuencia, años después se iniciaron otras investigaciones de trata sexual en ese mismo lugar.

Tras la jubilación de Oliva, varios magistrados subrogaron el cargo, pero ninguno siguió el trámite del expediente.

Recién en 2016 la jueza subrogante, Cristina Pozzer Penzo desempolvó el expediente y resolvió enviar la causa a juicio.

 En sus fundamentos remarcó que las imputadas fueron procesadas por el delito de “trata de personas, en sus modalidades típicas de acogimiento y recepción de personas mayores de dieciocho anos de edad, mediante abuso de situaciones de vulnerabilidad psicológica, social y económica, con fines de explotación sexual”.

Además endilgó a las acusadas haberse aprovechado de la situación económica de la víctima ya que “la captación se consigue ganando la voluntad o entusiasmando a las víctimas para que abandonen sus hogares y se marchen con la esperanza de una mejora en su calidad de vida, tanto económica como social, abusando de esta manera de una situación de vulnerabilidad”.

La magistrada tuvo por probado que la víctima permaneció aproximadamente dos semanas “viviendo en el prostíbulo realizando servicios sexuales en contra de su voluntad; recibiendo tratos inhumanos y siendo obligada a realizar acciones en contra de su persona”.

Pero, tras 12 años de trámites, todo fue en vano. La Justicia absolvió a las acusadas y la víctima quedó sin protección del Estado.

Fiscal encausado

El ex fiscal Benito Pont, quien debía investigar la causa de trata de personas denunciada en 2008, tuvo que renunciar a su cargo en 2016 porque fue acusado de proteger a redes de trata de personas en Paso de los Libres.

Según la acusación, había evitado avanzar en averiguaciones sobre la existencia de prostíbulos donde explotaban sexualmente a mujeres y adolescentes debido a que esos lugares pertenecían a personas ligadas a su entorno.

Es por ello que ahora está procesado por el delito de encubrimiento en sus modalidades de favorecimiento personal por acción y por omisión de denuncia, agravado en el primer caso por la calidad de funcionario público y también por delito de atentado a la autoridad.

En el caso por el que debió renunciar, los hechos investigados parecerían tener la única intención de “beneficiar y proteger a un imputado amigo” y que eso se observa en las distintas decisiones que adoptó Pont.

En un primer momento, cuando tomó conocimiento de que uno de los involucrados era su amigo y ex socio comercial y decidió no excusarse. El segundo, cuando se negó a solicitar el levantamiento del secreto fiscal y bancario, medidas centrales y evidentes para el éxito de cualquier investigación patrimonial.

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