Opina: Jorge Adrián Barboza
Abogado
MP I 5712
http://barbozajorge.com/
En la audiencia de la causa del Operativo Sapucay, un efectivo policial que trabajaba en la Comisaría de Itatí cuando fue allanada por una causa de drogas fue llamado a atestiguar.
En su exposición contó cómo la normativa provincial habilita a la fuerza de seguridad a “hacer desaparecer” droga que pudieran incautar por hallazgos fortuitos o por la tenencia para consumo.
La irregularidad -vista desde la Ley 23.737- demuestra la falta de correlato entre las normas provinciales y federales, lo que implica un “mboyeré jurídico”
Lo que ocurría entonces en Itati y ocurre en gran parte de la provincia cuando actúa la policía provincial (salvo actuación de dirección de drogas peligrosas), detectada la posible contravención y trasladado a la dependencia policial en carácter de aprehendido, se produce una requisa (sin orden) y allí se detecta la tenencia del estupefaciente, el que se secuestra sin acta claro está.
El procedimiento normal es, dejar constancia en un acta del secuestro, dar intervención al personal de drogas peligrosas, efectuar el test orientativo a fin de verificar que efectivamente se trate de estupefacientes, llamar al fiscal y solicitar oriente pasos a seguir.
Que de seguro ese secuestro y formación de causa por tenencia de estupefacientes para consumo personal, terminara con el sobreseimiento del tenedor, porque el adicto, sino se hallaba consumiendo en la vía publica en forma ostentosa, esa tenencia forma parte de su esfera privada, y por ende no punible (Artículo 19 de la Constitución Nacional).
Que ello es lo que ley nacional o federal manda, y que es superior en jerarquía al código contravencional provincial y es la que debe primar, pero si la policía aplica esta ley superior, no recauda, y sin querer o queriendo comete delito, porque falsea datos en un acta al no dejar constancia del material estupefaciente en poderes del sujeto demorado, incumple con sus deberes a su cargo por no dar intervención al fiscal y juez competente, y abusa de su autoridad al aplicar una normativa que no corresponde.
Que en resumidas palabras, la ley está hecha para cumplirla y aplicarla, salvo en Corrientes donde todo es un mboyere, y un país aparte.
