La investigación la llevó adelante el fiscal Patricio Sabadini quien imputó a ex funcionarios del Gobierno de la provincia de Chaco y sus familiares. La jueza federal Zunilda Niremperger validó la acusación y mandó el expediente al Tribunal Oral Federal de Resistecia.
La titular del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, Chaco, Zunilda Niremperger validó todo lo investigado por el fiscal federal de esa ciudad, y dio por clausurada la instrucción de la causa en la que están procesados 28 personas, entre ellos ex funcionarios gubernamentales de esa provincia y sus familiares, acusados de desviar fondos públicos y enriquecerse por medio de maniobras financieras ilegales.
Luego de haberse confirmado los procesamientos, la magistrada tuvo por probado que los imputados habían creado “una matriz de corrupción y favorecimiento para la comisión de reiterados delitos contra la administración pública provincial con enormes ganancias”.
Además validó las pruebas del posible desvío de fondos hacia inmuebles, vehículos, embarcaciones y la capitalización de empresas.
La acusación alcanza al exsecretario General de la Gobernación, Horacio Rey, y el exsecretario de Comercio, Roberto Lugo, quienes ostentaron esos cargos hasta marzo de 2018. También está investigado Miguel Vilte exsubsecretario de Economía del municipio de Resistencia durante la gestión municipal de Aída Ayala -procesada por otra causa-, dirigente de Cambiemos en esa provincia.
También está iputado el cuñado de Rey, Ismael Ángel Fernández Mónica; Viviana Yaczuk, esposa de Lugo; Ricardo Ariel Retamozo -excoordinador del Programa de Argentina Trabaja- y su esposa, Claudia Soledad Varela, acusada de poner a su nombre los bienes adquiridos con fondos públicos..
Otro imputado es Gustavo Katavich, ex empleado de estatal a cargo de controlar la Pauta Publicitaria Oficial); el contador, Cesar Orlando Zibecchi.
También está acusada Cristina Mariel Dellamea, sobrina política de Lugo); Ramón Chávez, sospechado de ser testaferro de los funcionarios acusados.
En tanto Carlos David Osuna está sospechado de recaudar dinero de pautas publicitarias truchas; María Yaczuk; Lidia Clara Kyocapumisz; Maria Laura Aguirre; Ivan Alejandro Bilcich; Cataline Jackeline Rodriguez; Silvia Carina Simcik; Mónica Mabel Boravach; Soledad Ivanna Sánchez Pardo; Cristian y Santiago Samaniego; Mariano Damián González; Romina Gisele Fernández; Elsa Borovach; Silvana Lorena Vallejo; Patricia Noemí Vázquez y Carlos Manuel Amarilla, están sospechados de colaborar con las maniobras ilegales investigadas.
Acusación del Ministerio Público Fiscal
Según los resultados de la investigación del fiscal Paticio Sabadini los imputados conformaron una organización ilícita que operó desde las altas esferas del Gobierno de la Provincia del Chaco y creó “una matriz de corrupción y favorecimiento para la comisión de reiterados delitos contra la administración pública provincial con enormes ganancias ilícitas”.
Las pruebas indicarían que esas ganancias fueron destinadas, mediante complejas maniobras, a la compra de inmuebles, vehículos, embarcaciones y pago de servicios, además de la capitalización de empresas.
Esto generó incrementos patrimoniales tanto en los funcionarios públicos involucrados como en las personas físicas y jurídicas investigadas, lo que no resultaba compatible con la capacidad económica e ingresos lícitos que registraban.
En el expediente consta que el ex secretario general de la Gobernación Horacio Rey y el ex secretario de Comercio de la provincia y exdirigente de la Cámara de Comercio de Resistencia Roberto Lugo utilizaron su jerarquía e influencia como “funcionarios públicos” de alto rango.
El fiscal explicó que habrían desempeñado un rol determinante en la materialización de los “delitos precedentes” al lavado de activo -una investigación que se sigue en el fuero ordinario provincial- y pergeñaron la estructura “funcional y mecánica utilizada para volcar posteriormente el producido de la actividad ilícita, logrando el reciclaje del dinero, con la finalidad de otorgarle una apariencia lícita”.
Debido a esto, tanto Lugo como Rey fueron considerados autores del delito de lavado de activos, agravado por ser miembros de una banda, por su habitualidad y por haberse aprovechado de su rol de funcionarios.
En esa misma categoría, el fiscal incluyó a Gustavo Katavich, un ex coordinador del Fideicomiso de Pauta Publicitaria Oficial, de donde se desvió parte del dinero involucrado en la maniobra. Además, consideró al cuñado de Rey como parte de este grupo.
Sobre el resto de los implicados, a algunos los consideró como autores por el rol que tenían dentro de la empresa delictiva, como por ejemplo la esposa de Lugo; el ex coordinador del Programa “Argentina Trabaja”, su esposa y otros tres involucrados. Por otra parte, a seis de ellos los marcó como partícipes necesarios y a otros doce como partícipes secundarios de la maniobra.
Funcionario infiel
Quedó probado en la causa que Lugo ocupó distintos cargos dentro de la estructura de gobierno de la provincia entre diciembre de 2011 y marzo de 2018 y que usó su influencia como funcionario para facilitar la contratación y negociados por altas sumas de dinero como proveedores del estado de la provincia del Chaco a personas de su confianza y familiares, a través de múltiples empresas.
Ese esquema societario se habría utilizado después para la aplicación de los retornos y fondos obtenidos ilícitamente: hay registros tanto de un incremento patrimonial de Lugo como de los socios y testaferros del funcionario.
“Podría afirmarse que el esquema de reciclaje dinerario y lavado de activos planteado por la presunta organización criminal investigada, se habría diversificado principalmente a la adquisición de embarcaciones, vehículos y otros bienes muebles registrables, operaciones inmobiliarias, como así la inyección de dinero en efectivo, capitalización y operaciones de diversa naturaleza entre las razones sociales que conforman un entramado societario bajo el manejo económico y funcional del imputado de mención”, señaló la fiscalía federal al concluir la investigacíon.
Dentro del requerimiento de elevación a juicio están enumerados los vehículos adquiridos por Lugo, sus movimientos migratorios y una importante cantidad de inmuebles a su nombre, cuyos valores exceden los ingresos lícitos que tenía registrados.
“La disponibilidad del dinero utilizado en las operaciones de adquisición de los inmuebles mencionados, no encuentra justificación posible en el marco de los ingresos lícitos percibidos por Lugo conforme surge del análisis de su perfil fiscal y económico al momento de los hechos, por lo que es dable sostener, conforme el plexo probatorio reunido y las circunstancias objetivas analizadas a lo largo del presente, que se aplicaron en dichas operaciones dineros provenientes de los hechos de corrupción antecedentes, configurándose conductas típicas del lavado de dinero”, sostuvo el fiscal Patricio Sabadini.
Respecto de Rey, la fiscalía advirtió que había accedido a cargos en el Poder Legislativo y que luego tuvo varios cargos en la estructura de gobierno de la provincia de Chaco.
Cuando tuvo el manejo de la Secretaría General de Gobierno y Coordinación de la Provincia del Chaco, fue autoridad de aplicación del Fideicomiso de Pauta Publicitaria Oficial (FAPPO) a través de Fiduciaria del Norte S.A. -una forma pública orientada a la construcción de edificaciones y manejos de fondos públicos-. Esto le permitió tener “un manejo discrecional para efectuar contrataciones directas con distintas sociedades beneficiadas, como así también, disponer los montos y modalidad de pago a las mismas”.
Con ese fin, se creó un sistema informático para la administración y gestión llamado Fappo Gestión que funcionaba de manera paralela al sistema anterior. De acuerdo al requerimiento, este nuevo mecanismo fue ideado y administrado por uno de los imputados, quién cumplió también un rol central en la organización ilícita y era la mano derecha de Rey.
Para la fiscalía, a través del manejo del Fideicomiso de administración de publicidad oficial y mencionado sistema de gestión, Rey implementó “un esquema ilícito a gran escala para la concreción de reiterados hechos defraudatorios y posterior retorno ilícito”, además de la aplicación de dinero proveniente del erario público con la participación de las fundaciones y sociedades creadas a ese efecto.
