El ex intendente de la localidad de San Carlos, Corrientes y presidente local de la Unión Cívica Radical, Jacinto Benítez,será juzgado en el marco de una causa en el que se le atribuye haberse quedado con fondos que eran para la construcción y equipamientos del un Centro Integrador Comunitario (CIC).
El dirigente de cambiemos había sido procesado por la Justicia Federal por estar sospechado de haberse quedado con los fondos nacionales enviados al municipio a su cargo para cubrir gastos específicos.
Las maniobras se realizaron entre 2009 y 2013, tiempo en el que Jacinto Benítez ejerció el cargo de intendente de la localidad de 3.000 habitantes ubicada al Norte de la provincia de Corrientes, en el límite con Misiones.
Según la investigación del Ministerio Público Fiscal durante cuatro años se habían falsificado facturas y comprobantes para desviar fondos públicos.
La denuncia se había realizado en 2013 después que el Ministerio de Desarrollo de la Nación advirtió que el municipio había enviado comprobantes apócrifos para justificar gastos de obras y adquisición de mobiliario.
Las averiguaciones del Ministerio Público Fiscal resultaron en la comprobación de los hechos denunciados, pero el entonces juez federal Carlos Vicente Soto Dávila “cajoneó” la causa.
La causa estuvo paralizada hasta 2019 y cuando el ahora ex juez renunció, el magistrado subrogante revisó el caso y determinó el procesamiento de Benítez. En septiembre de 2020 Juan Calos Vallejos, a cargo del Juzgado Federal 1 de Corrientes dio por cerrada la investigación del caso.
Asi, el expediente 5041/2014 fue elevado a juicio con la carátula de “falsificación de documento privado”. Sin embargo, el requerimiento del juicio está fundamentado en el artículo 174 inciso 5° del Código Penal, esto es, defraudación al Estado.
La investigación había sido impulsada por Nancy Liliana González, en su carácter de Vice Intendente y presidente del Concejo Deliberante del Municipio de San Carlos y acompañada por el abogado Juan Manuel Cubilla Podestá.
Lo que expusieron es que “durante el año 2012 se gestionaron conductas realizadas ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación mediante el dictado de la Resolución Nº MDS 308/2012 adjudicándose un subsidio no registrable, de $248.837,69 con la finalidad exclusiva de ser invertidos en el equipamiento y remodelación del Centro Integrador Comunitario ubicado en la intersección de las calles Felipe Viveros y Mariano Moreno de la localidad de San Carlos”.
El hecho que se le imputa es la supuesta falsificación de facturas “por montos exorbitantes” para fraguar la adquisición de esos insumos, compras que no se hicieron.
Además -según el expediente- la suma de los montos que figuran en los documentos no se condicen con el resultado final de la suma de los mismos.
Durante la investigación fue citado el propietario de una empresa que supuestamente emitió el comprobante de cobro. Este, declaró que “no puede emitirse una factura de tipo A debido a que el Municipio es un contribuyente exento de pagar IVA, pero además la firma no vende esos productos que en esa factura se detallan”.
En otro caso, se había falsificado el membrete de un presupuesto. En la parte superior del papel, mediante técnicas de diseño gráfico, se escribió la palabra “factura” y así se justificó un gasto inexistente.
Ante esta situación, en 2020, Benítez fue procesado sin prisión preventiva y se le trabó embargo por $50.000. El 17 de Septiembre de este año, el Tribunal Oral Federal de Corrientes recibió el expediente. Ahora sólo queda que se fije fecha de debate.
