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24 febrero 2021

“Supercepo”: operación fallida, el peligro de la fuga impune y fake news

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La persistente sangría de dólares llevó a Alberto Fernández a endurecer el cepo cambiario, una solución que el presidente deplora. Fue la sangría, pero también la convicción de que estaba en curso un golpe cambiarlo destinado a erosionar la gobernabilidad. Luego de la estremecedora escena de policías armados rodeando la residencia presidencial, parece prudente que el gobierno instrumente medidas drásticas ante situaciones de acoso.

El Ejecutivo venía rumiando posibles soluciones para la fuga de divisas. Pero hubo un episodio que encendió las alarmas y aceleró las decisiones. El pasado lunes 13, el banquero Jorge Brito (Banco Macro) verbalizó en público lo que el poder económico venía pidiendo en privado: que se cerrara el grifo del “dólar ahorro” para los pequeños ahorristas. 

Rápido de reflejos -y robustecido por el canje de deuda- el ministro Martín Guzmán maniobró para que la decisión no fuera el cierre total -como pidió Brito y empujó Miguel Pesce, el titular del Banco Central- sino un encarecimiento en el acceso del dólar ahorro, pero con un agregado inesperado: la restricción al billete verde -que aflije la conciencia política y la memoria emotiva de los sectores medios- es aún más severa para las grandes compañías que participaron del festival de especulación y fuga del macrismo.

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“¡Llevan a las empresas al default!” vociferaron los lobbystas del establishment apenas se supo que el “supercepo” limitaba la disponibilidad de dólares para las personas jurídicas endeudadas en divisa extranjera. Esas sociedades, según la nueva regulación cambiaria, sólo recibirán hasta el 40% de los dólares que precisan para hacer frente a los vencimientos. El resto podrá renegociarse -como hizo el gobierno con los acreedores privados y se encamina a hacer con el FMI-, o deberá ser saldado con las divisas que las compañías atesoren en su cuentas. https://0acc3560a4c2a3df0623d16976e924f3.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html?n=0

Para acotar el universo de “afectados”, la medida alcanza a empresas que posean vencimientos próximos equivalentes o mayores a un millón de dólares mensuales, créditos a los que sólo acceden compañías de gran porte y/o de estructura transnacional. En concreto, son apenas 18 firmas, como reveló El Destape días atrás. Un club pequeño pero poderoso, con numerosas bocas dispuestas a manipular a la opinión pública en favor de intereses concentrados.

La movida oficial provocó catarata de “fake news” en los medios del sistema, que es uno de los modos que el establishment posee para erosionar el poder de los gobiernos surgidos por el voto popular. Una cadena de falsas noticias, por caso, buscó asociar el endurecimiento del cepo con una “huida masiva” de empresas. El disparador de esa cadena de desinformación fue el anuncio de cierre de cuatro locales de la chilena Falabella, que desde 2019 viene desarmando su modelo de negocios en distintos puntos de la región como consecuencia de los cambios en los hábitos de compras. A esa manipulación inicial le siguieron noticias falsas sobre la salida de firmas de comidas rápidas y consumo masivo, desmentidas por los propios interesados, que aprovecharon para hacerse promoción. 

Hay miles de millones de razones contantes y sonantes que explican el brote de ira del poder económico con la decisión que impulsó Guzmán. Basta recurrir a las estadísticas del Banco Central para cuantificarlo. De los 67 mil millones de dólares de deuda externa privada, unos 28 mil millones corresponden a préstamos tomados por las empresas con firmas relacionadas o casas matrices. Hasta 2015 funcionaba en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) una división que investigaba si esos préstamos constituían una maniobra fraudulenta conocida como “back to back”, autopréstamos que permiten encubrir lavado de dinero, evasión fiscal y, también, perpetrar saqueos financieros al borde de la ley.

El gobierno de Mauricio Macri le entregó la UIF a los bancos -que debían ser los controlados- y desarmó la división, que hoy vegeta en una oficina del ministerio de Justicia. Una pena, porque esa dependencia cuenta con recursos legales que le permitirían investigar cuánto de la deuda que hoy poseen las grandes empresas en el extranjero corresponden, por ejemplo, al jubileo especulativo de “carry trade” que el macrismo financió con deuda pública. El gobierno tiene la llave de esa pesquisa: querer es poder.

Lo que sí se sabe es que el endeudamiento externo de las empresas traccionó la sangría de dólares mucho más que los pequeños ahorristas que se hacían de los 200 dólares mensuales para salvar algo del poder adquisitivo de sus ahorros frente a la inflación. Números al canto: según datos de un informe que preparan Claudio Lozano -director del Banco Nación- y Alejandro López Mieres, del IPyPP, en los primeros siete meses de 2020 el Banco Central destinó 1826 millones de dólares de reservas para atender la demanda de dólares para atesoramiento; mientras que en el mismo período se despacharon 6757 millones de dólares para el pago de intereses “de provincias y sector privado”, más los pagos de capital por préstamos financieros y títulos (excluidos los pagos de deuda del gobierno nacional). Si bien el Banco Central presenta en forma consolidada los pagos de provincias y empresas privadas, Lozano y López Mireres consideran que un 75% de esas operaciones terminaron en manos del sector privado. Hablando en plata: entre enero y julio las empresas habrían girado unos 5000 millones de dólares al exterior, 2,8 veces más que la cifra destinada a las ventas de divisas para ahorro.

Es evidente que la sangría de dólares encaminaba a la Argentina hacia una devaluación. Tan claro como que la propuesta del banquero Brito llevaba doble carga venenosa: la prohibición del dólar ahorro hubiera provocado mayor irritación en los sectores medios y, en simultáneo, hubiera permitido preservar más dólares para la fuga empresaria. Un detalle: una empresa del banquero Brito, Genneia, está entre las 18 firmas que más dólares demanda para pagar sus deudas, buena parte de ellas asumidas durante el festival de endeudamiento y fuga macrista. Según parece, lo de Brito fue una operación por mano propia, que terminó mal.

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